La Comisión Europea tiene la firme intención de hacer la vida más fácil a las empresas. El pasado 27 de febrero aprobó dos paquetes con propuestas de simplificación. Se busca aliviar la carga a pymes y pequeñas empresas de mediana capitalización con un ahorro estimado de 6300 millones EUR en costes administrativos anuales.

Algunas de las propuestas  son:

Información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD)

• Un 80% menos de empresas cubiertas, con foco en las más grandes

• Requisitos de presentación de información para las grandes empresas que no supongan una carga para las empresas más pequeñas en sus cadenas de valor.

• Posponer 2 años (hasta 2028) los requisitos de información para las empresas actualmente incluidas y obligadas a informar a partir de 2026 o 2027.

• Reducir la carga de las obligaciones de información sobre la taxonomía de la UE y limitarla a las mayores empresas (como CSDDD).

• Introducir opción de informar sobre actividades parcialmente conformes con la taxonomía de la UE, fomentando la transición gradual.

• Introducir un umbral de importancia relativa financiera para la notificación de la taxonomía y reducir las plantillas de notificación en un 70%.

• Simplificar el «no causar un perjuicio significativo» para sustancias químicas, antes de revisar y simplificar otros.

• Ajustar, entre otros, la ratio de activos verdes (GAR).

Diligencia debida (CSDDD)

• Simplificar los requisitos, con foco en socios comerciales directos. Se reduce la frecuencia de las evaluaciones periódicas y el seguimiento de sus socios de 1 a 5 años.

• Reduce efectos indirectos para pymes y pequeñas empresas de mediana capitalización limitando la información que pueden solicitar las grandes empresas en su cartografía de la cadena de valor

• Se impulsa la armonización de requisitos en toda la Unión

• Se eliminan las condiciones de responsabilidad civil de la UE, preservando el derecho de víctimas a una indemnización con arreglo a los regímenes de responsabilidad civil nacionales

• Se aplaza 1 año la aplicación de los requisitos para empresas más grandes (hasta 26 julio 2028) y se adelanta la adopción de líneas directrices a julio 2026.

Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM)

• Eximir a pequeños importadores, con nuevo umbral anual acumulado de 50 toneladas por importador que cubre el 99% emisiones.

• Simplificar las normas para las empresas cubiertas

• Se refuerzan normas para evitar abuso y evasión

Esta simplificación precede a una evaluación del periodo transitorio, que podría ir seguida de una propuesta del extensión del ámbito de aplicación del CBAM (Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono) en 2026.

Fuente: María Canal Fontcuberta, Jefa de prensa y portavoz de la Representación de la Comisión Europea en España 

El pasado mes de diciembre, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), que tiene la misión de promocionar y apoyar la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, publica el documento: "Desconexión digital: Guía básica. Propuestas desde la seguridad y salud"

El INSST en su página web indica que el derecho a la desconexión digital supone el reconocimiento explícito de que las actuales condiciones de trabajo están suponiendo una intensificación del trabajo y un tiempo de dedicación al mismo que rompe el equilibrio entre la vida familiar, personal y laboral.

Poner límites al tiempo de trabajo, garantizado una desconexión digital efectiva, contribuye al descanso, a la conciliación, a la intimidad personal y familiar, a la salud y al rendimiento.

Este documento técnico-preventivo pone el foco en la necesidad de que las condiciones de trabajo permitan una desconexión digital efectiva más allá del reconocimiento formal del derecho. Pretende sensibilizar a los agentes sociales y a la población trabajadora de las ventajas de la desconexión digital y de los riesgos de una sobreexposición tecnológica para las empresas y para las personas trabajadoras.

A nivel operativo ayuda a las empresas y organizaciones a:

1. Cumplir con la legislación vigente en materia de desconexión digital.

2. Conocer los efectos de la hiperconectividad en la seguridad y salud y en el rendimiento.

3. Elaborar una política interna de desconexión que garantice los derechos de las personas trabajadoras.

4. Diseñar acciones de formación y sensibilización.

5. Realizar un seguimiento de la Política interna de desconexión digital.

Esta guía puede descargarse en el siguiente enlace: Acceso a guía

El Real Decreto 665/2023, de 18 de julio, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril (en adelante, “RDPH”), incorpora en su Capítulo III del Título III, artículos 272, 272 bis, 272 ter, 272 quater y 273, 273 bis, y 273 quater, los preceptos normativos para la protección de las aguas subterráneas frente a la contaminación puntual. Además, incorpora cuatro anexos técnicos (Anexo X, Partes A, B, C y D) que determinan los contenidos mínimos para la evaluación y diagnóstico de la contaminación, la realización de análisis de riesgos cuantitativos, los proyectos de descontaminación y los Valores genéricos de referencia de calidad que permitan evaluar el impacto de la contaminación a las aguas subterráneas.

La nueva norma supone una metodología normalizada basada en la evaluación de riesgos, y establece el procedimiento administrativo conducente a la declaración de contaminación puntual de las aguas subterráneas y la restauración de los acuíferos contaminados. La contaminación subterránea cuenta así con el trato normativo que necesita para su correcta protección, y en su caso, recuperación.

Los objetivos que pretenden alcanzarse con la modificación del RDPH conforme a la Ley y en cuanto a contaminación puntual se refiere son:

• Conseguir y promover un elevado nivel de protección del medio ambiente mediante la identificación, declaración y descontaminación de acuíferos contaminados por fuentes puntuales.

• Transparencia y calidad en la ejecución de trabajos relacionados con las aguas subterráneas mediante la elaboración de éstos por parte de profesionales especializados y acreditados en esta materia, que asegure que las acciones realizadas sean efectivas y cumplan con los estándares de calidad requeridos.. 

Con el propósito de facilitar la interpretación adecuada de este nuevo marco normativo el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha redactado una Guía de Aplicación del nuevo Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Esta guía puede consultarse en el siguiente enlace: Acceso a guía

El Parlamento Europeo ha adoptado con fecha 19 de noviembre de 2024 un nuevo Reglamento sobre Actividades de Calificación Ambiental, Social y de Gobernanza (ASG). La nueva legislación tiene por objeto hacer que las actividades de calificación en la UE sean más coherentes, transparentes y comparables, a fin de aumentar la confianza de los inversores en los productos financieros sostenibles.

Las calificaciones ASG sirven para emitir un dictamen sobre el perfil de sostenibilidad de una empresa o de un instrumento financiero, evaluando sus efectos en la sociedad y el medio ambiente y su exposición a los riesgos relacionados con la sostenibilidad.

Las calificaciones ASG tienen una incidencia cada vez mayor en el funcionamiento de los mercados de capitales y en la confianza de los inversores en los productos sostenibles de inversión.

Las nuevas normas tienen por objeto reforzar la fiabilidad y la comparabilidad de las calificaciones ASG, potenciando la transparencia y la integridad de las actividades que realizan los proveedores de calificaciones ASG y previniendo posibles conflictos de intereses.

En concreto, los proveedores de calificaciones ASG tendrán que estar autorizados y supervisados por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) y deberán cumplir una serie de requisitos en materia de transparencia, en particular en lo que se refiere a los métodos y las fuentes de información empleados. Los proveedores de calificaciones ASG establecidos fuera de la Unión que deseen operar en la Unión deberán obtener una validación de sus calificaciones ASG por parte de un proveedor de calificaciones ASG autorizado en la UE o un reconocimiento basado en un criterio cuantitativo, o deberán estar incluidos en el registro de la UE de proveedores de calificaciones ASG sobre la base de una decisión de equivalencia.

El Reglamento introduce como principio la separación de actividades para evitar conflictos de intereses.

El Reglamento se publicará en el Diario Oficial de la UE, entrará en vigor veinte días después de su publicación y empezará a aplicarse a los 18 meses de su entrada en vigor. 

Acceso al reglamento

La Semana Europea de la Prevención de Residuos (EWWR) es una iniciativa para dar a conocer, promover e implantar durante una semana acciones de sensibilización sobre recursos sostenibles y gestión de residuos.

Esta iniciativa de la Comisión Europea tiene como objetivo dar a conocer las acciones que las empresas, administraciones y entidades desarrollan en relación con la prevención y el reciclaje de residuos. En 2024 se celebra en toda Europa del 16 al 24 de noviembre. 

Este año, el tema principal es el desperdicio alimentario 

Cada año, los estados de la Unión Europea producen más de 59.2 millones de toneladas de residuos alimenticios, que corresponden a 132 kg por habitante. Estos datos son aún más espectaculares si tenemos en cuenta que más de 37 millones de personas no pueden permitirse una comida de calidad cada dos días.

En el mundo, un tercio de todos los alimentos producidos para el consumo humano se desperdician. De acuerdo con los datos del Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas (PNUMA), en 2019 se han producido alrededor de 931 millones de toneladas de residuos alimenticios, que representan el 17% de la producción total de alimentos mundial.

Pero, ¿en qué momento se convierten todos esos alimentos en residuos? Más de la mitad de los residuos alimenticios, el 54%, se genera en los hogares con 72 kg por persona, seguidos de la restauración (restaurantes, catering), y la venta al por menor (supermercados, tiendas).

Detrás de esta cantidad de desperdicio alimentario se esconden impactos tanto económicos, como ambientales. Se estiman que los residuos alimenticios producidos anualmente en Europa podrían tener un valor de mercado asociado de 132.000 millones de euros. A este coste hay que sumarle las consecuencias en términos de emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas por el uso de tierras de cultivo, recursos de agua dulce y fertilizantes para su producción. 

En la página web oficial se puede acceder a distintos materiales sobre esta semana, consultar las actividades que se llevarán a cabo o participar en la celebración de eventos: web semana europea de prevención de residuos  

ISO/IAF publicó en febrero de 2024 una enmienda a casi todas las normas de Sistemas de Gestión con una aclaración que se aplica de inmediato. 

El trasfondo de esta enmienda es que la Organización Internacional de Normalización (ISO) quiere desempeñar un papel activo en la lucha contra el cambio climático como parte de la llamada declaración de Londres (09/2021), por lo que además de las actividades de normalización con una clara referencia climática, todas las demás actividades también deben alinearse con este objetivo.

Por esta razón, la mayoría de las normas del sistema de gestión se complementaron con la Enmienda 1 en febrero de 2024. Ahora hay una referencia específica a la mitigación y adaptación al cambio climático para ser considerada por las organizaciones certificadas. Esto incluye normas como ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 22000, ISO/IEC 20000, ISO 22301, ISO/IEC 27001, ISO 28000 e ISO 37001, entre otras.

Contenido de la enmienda

Para todas las normas afectadas, la referencia al cambio climático se ha especificado en los capítulos 4.1 y 4.2:

• Capítulo 4.1: Las organizaciones ahora deben verificar si el cambio climático es relevante para ellas como parte del análisis del contexto: "La organización debe determinar si el cambio climático es un tema relevante".

• Capítulo 4.2: Se espera que las organizaciones consideren los requisitos de las partes interesadas con respecto al cambio climático: "Nota: Las partes interesadas relevantes pueden tener requisitos relacionados con el cambio climático".

¿Qué deben hacer las empresas?

Las organizaciones con certificación ISO deben incluir el cambio climático en su análisis del contexto empresarial (sección 4.1), así como la cuestión de si las partes interesadas tienen requisitos relacionados con el cambio climático (sección 4.2). Si el cambio climático se considera relevante, el sistema de gestión debe estar alineado con los requisitos resultantes para que pueda cumplir con sus objetivos.

ZONA CONSULTORES firma la CARTA DE LA DIVERSIDAD, que incluye 10 principios voluntarios mediante los cuales asumimos el compromiso de fomentar los principios fundamentales de la igualdad, diversidad e inclusión. 

Se trata de una CARTA COMPROMISO DE 10 PRINCIPIOS que firman las empresas e instituciones de un mismo país, independientemente de su tamaño o sector. 

Esta iniciativa promueve que las empresas e instituciones se sumen a la causa de la diversidad e inclusión, y formen parte de una comunidad de organizaciones privadas y públicas que comparta los mismos principios de diversidad e inclusión laboral en Europa.

La Comisión Europea apoya la misión y la labor de las Cartas de la Diversidad que existen en la Unión Europea a través de la Plataforma Europea de Cartas de la Diversidad y del Mes Europeo de la Diversidad, entre otras iniciativas.

Esta Ley tiene por objeto regular el régimen jurídico aplicable a la puesta en el mercado de productos en relación con el impacto en la gestión de sus residuos, así como el régimen jurídico de la prevención, producción y gestión de residuos, incluyendo el establecimiento de instrumentos económicos aplicables en este ámbito, y el régimen jurídico aplicable a los suelos contaminados.

Esta Ley tiene por finalidad la prevención y la reducción de la generación de residuos y de los impactos adversos de su generación y gestión, la reducción del impacto global del uso de los recursos y la mejora de la eficiencia de dicho uso con el objeto de, en última instancia, proteger el medio ambiente y la salud humana y efectuar la transición a una economía circular y baja en carbono con modelos empresariales, productos y materiales innovadores y sostenibles para garantizar el funcionamiento eficiente del mercado interior y la competitividad de España a largo plazo.

Asimismo, esta ley tiene por finalidad prevenir y reducir el impacto de determinados productos de plástico en la salud humana y en el medio ambiente, con especial atención al medio acuático.

La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». No obstante, lo anterior, la entrada en vigor del Título VII de esta ley se producirá el 1 de enero de 2023. 

Este real decreto tiene como objeto la protección de la salud de la población a través de la prevención y control de la legionelosis mediante la adopción de medidas sanitarias en aquellas instalaciones que utilicen agua en las que Legionella es capaz de proliferar, y diseminarse a través de aerosoles y la exposición de las personas a los mismos.

Este nuevo Real Decreto será de aplicación a partir del 2 de enero del 2023.